Los informes de gobiernos ocurridos durante estas semanas han sido la noticia que más abarca los espacios en los medios de comunicación, éstos en su esencia deben ser mecanismos que sostengan credibilidad en las administraciones públicas, propuestas políticas y personas que las encabezan, pero también deben seguir fielmente parámetros para garantizar su objetivo o que no sea mal utilizado.
La rendición de cuentas es un derecho que le asiste a la población en general, gracias a ella puede enterarse de las situación de los recursos públicos, grado de cumplimiento de las promesas o compromisos de la campaña electoral, pero también de los retos, las dificultades y problemáticas generales que se deberán abordar por la administración en turno.
La rendición de cuentas también puede ser abordada como obligación fundamental para las personas que asumen cargos en la administración pública, lo cual implica responder ante la población votante -o no- del grado de contribución a la confianza depositada. El cumplimiento de esta obligación implica un requisito indispensable para el desarrollo del sistema democrático, donde las personas pueden participar en el conocimiento de la situación de la administración pública y en su caso, proponer, discutir, debatir, incluso cuestionar los resultados presentados.
Consideramos que esta obligación de informar y derecho a enterarse tiene una relación directa con el postulado del artículo 39 constitucional, cuando mandata que «Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste» porque nos enfatiza que el ejercicio de los cargos públicos no es para la autopromoción ni beneficio personal, por tanto, si esto es real, los informes pueden significar una muestra del trabajo para que sea calificado por el pueblo al que se supone fue dirigido.
Posiblemente, el formato actual de rendición de cuentas en asamblea pública sólo cumple con el elemento informativo, porque no le asiste interrogante, confrontación o en su caso, contraste por parte de la oposición en turno. Recordemos que las propuestas políticas que no ganaron las elecciones deben mantener la representación de los sectores de la ciudadanía que no votaron por la administración en turno.
Consideramos que la rendición de cuentas puede convertirse en un día dedicado a las felicitaciones y alago a las personas titulares de la administración, en detrimento de la función sustantiva que es la atención directa a los datos mostrados. Es decir, la atención debe centrarse en el dato, el número, lo que queda pendiente o no se realizó, lo que es el mensaje o no en el mensajero.
Por ejemplo, para revisar el informe de la Presidencia de la República deben tomarse en cuenta las atribuciones que determina el artículo 89 constitucional en sus 20 fracciones; para el caso de los informes de Gobiernos municipales puede ser el artículo 115 porque indica las competencias, obligaciones y atribuciones de las administraciones. Para el caso de los Gobiernos Estatales, debe revisarse el catálogo de obligaciones y atribuciones para los titulares de los poderes ejecutivos, según la Constitución Política de cada entidad federativa.
Creemos que estas referencias pueden ayudar a dimensionar el tipo de acciones que se realizaron en la administración y verificar las que no se tocaron, no se mencionaron o no fueron relevantes, por ejemplo, una administración presenta datos en obra pública, pero olvida datos sobre supervisión de reglamentos, imposición de multas, etc. Algo que queremos abonar es que un par de acciones no serán suficientes para calificar bien o mal una administración si no se realiza un ejercicio comparativo integral que armonice todas las competencias.
La población no debe perder de vista que las acciones, datos, cifras a manera de logros que se presentan en los informes dimanan de la administración de recursos públicos, es decir, gracias al pago de los tributos de la población. En ese sentido, deberá revisarse la retórica empleada en los discursos, puesto que deberían omitirse las referencias a que las acciones derivan de la bondad o beneplácito de la persona que rinde el informe.
Una vez que hemos tocado el tema de la retórica del discurso vale la pena apuntar la relación con el título de esta participación: por qué no economizar también los discursos vacíos, sin relación con el ejercicio de rendición de cuentas y utilizar solo aquellas palabras que muestren correctamente lo que se informe y no pretendan adornar, sobredimensionar o mutar lo que se debe informar.
Suelen escucharse frases en los informes del tipo: «como nunca antes», «cifra récord», «más que en ninguna otra», «como nunca en la historia de»; estas frases tienen un fin claro que es persuadir, distraer y mal informar. Recordemos que las atribuciones de cada administración pública han estado antes de que llegaran determinados proyectos políticos, lo que nos da cuenta de que las instituciones están por encima de las personas.
No compartimos el argumento que pretenda posicionar a la persona que está al frente de la administración por encima de la misma administración pública, es un riesgo presente en la sociedad de la información en que nos encontramos. No obstante, deben tener presente estimada comunidad lectora que las instituciones públicas estuvieron y permanecerán luego del paso de cualesquier persona, lo importante es la institución, dígase presidencia de la república, cámara legislativa, tribunales, órganos autónomos, etc, no las personas que les encabezan, ya que éstas son transitorias y la institución es permanente.
La austeridad pendiente está en el discurso público cuando se encuentra plagado de frases innecesarias y poco objetivas, por tanto, dudosas. La austeridad debería abarcar a que si no se tiene algo importante que mencionar en medios de comunicación, se debería obviar y no hacer que personas inviertan tiempo y atención en cuestiones superfluas y sin relación directa con el ejercicio de las atribuciones constituciones.
En esta sociedad de la información en que nos desenvolvemos las personas tienden a la popularidad artificial, es decir, estar presente en las redes sociales por el hecho de estar presente, por tanto, suelen mal informar y con ello deformar el objetivo de la rendición de cuentas. Considero que proliferan verdades a medias, datos parcializados, informes amañados o declaraciones incompletas lo cual no abona en nada a la sociedad democrática que decimos aspirar a ser. Esta es entonces, la austeridad pendiente.
