La novedad en materia jurídica para nuestros días es la referida al sistema de justicia laboral que recién inicia funciones en el Estado de Michoacán. Esta reforma pretende lograr agilidad en la resolución de controversias laborales, garantizar la participación libre e informada de las personas, además de proveer mecanismos para el respeto y garantía de los derechos tanto de la población trabajadora como de la comunidad de empleadores.
El diseño constitucional de nuestro modelo de justicia laboral tiene larga tradición vinculada con los movimientos obreros para lograr una equidad en sus relaciones con el sector patronal. Luego de intensas luchas y confrontaciones sociales, el modelo se transformó en el instrumento de protección de las y los trabajadores a través de la participación activa del Estado.
La forma en que el Estado mexicano determinó su participación para la regulación de las relaciones obrero-patronales fue con el establecimiento de las jornadas laborales de 8 horas, la determinación de los días de descanso y vacacionales, también determinar los supuestos para la obligación patronal con motivo de riesgos y accidentes de trabajo. Posiblemente una de las mayores conquistas fue la regulación del procedimiento de huelga.
A pesar de los intentos por equilibrar las relaciones sociales entre la fuerza laboral y el capital, las autoridades se vieron rebasadas por el cumulo de asuntos para resolución, además, los casos que lograron llegar a una etapa final y determinar cantidades en favor de los empleados, generaron supuestos de desequilibrio para el sector de la pequeña y mediana empresa.
Derivado de la revisión de las experiencias en la impartición de justicia en materia laboral, las dificultades y retos que presenta la sociedad democrática, se presentó la necesidad de replantear estrategias, realizar ajustes para establecer un modelo de resolución de conflictos con un participación activa de las partes, así como agilizar el trámite.
Por lo anterior, podemos considerar que el núcleo esencial de la reforma laboral que recién inicia operaciones es la conciliación. La conciliación es el mecanismo propicio para que las personas que tienen en común un situación de conflicto dialoguen con la finalidad de proponer opciones para la resolución.
Los mecanismos alternativos de solución de controversias permiten antes que nada restablecer la comunicación entre las partes dentro de un conflicto. Este tipo de modelos de atención y resolución de conflictos, se basa en el supuesto de que los conflictos inician y se potencializan cuando la comunicación efectiva entre las partes no funciona o ha dejado de funcionar, por lo que al no tener la misma visión de la situación suelen presentarse resistencias y malentendidos.
Entonces, una vez que las personas tienen la posibilidad de interactuar de forma pacífica y equitativa pueden descubrir las distintas perspectivas que implica la situación que les tiene en conflicto, luego de eso podrán hacer concesiones y transitar a los acuerdos amistosos.
No podemos perder de vista que determinadas situaciones de conflicto no podrán ser atendidas hasta en tanto no se garantice la participación en condiciones de libertad e igualdad entre las partes, entonces, el personal que apoya las tareas debe identificar las situaciones desiguales entre las partes, así como la agresión recaída en alguna de ellas para determinar la viabilidad del ejercicio.
La conciliación debe ser voluntaria, por lo tanto, las personas que acuden en todo momento conservan la libertad de tomar decisiones respecto del avance o parálisis del procedimiento. Se debe garantizar la ausencia de presiones y coacción por parte de la propia autoridad, asistencia jurídica o contraparte.
La conciliación también debe ser informada de forma clara y completa respecto de los alcances y consecuencias de procedimiento; si las personas no conocen sus derechos y posibilidades entonces se les coloca en riesgo de engaño y manipulación. También podemos decir que no existe mejor forma para la toma de decisiones que contar con buena información, que sea útil, real y objetiva.
En un ejercicio de armonizar los principios antes mencionados, podemos precisar que las personas deben presentar la convicción de resolver la situación problemática y para ello recurrir al apoyo que brindan los centros de conciliación; éstos deberán mostrar la disposición de ayudar a las personas para lo cual tiene la obligación de explicar los requisitos, alcances y consecuencias del mecanismo para que, en ejercicio de la libertad, cada persona tome sus decisiones.
En caso de que las personas decidan someter su conflicto a la conciliación, se deberá tener presente que este procedimiento es flexible y simple, es decir, sin formalismos o rigorismos que puedan confundir a las personas, pero también que permita a cada persona detener las sesiones en caso de que considere que se afectan sus intereses, integridad o dignidad.
Otro de los pilares del modelo conciliatorio podrá ser la aplicación de las fórmulas de ganar-ganar, es decir, las personas que participan deben tener presente que nadie pierde porque el objetivo es llegar a consensos y acuerdos mutuos para que se resuelva un situación de conflicto, por lo que, si esto ocurre, habrán ganado ambas partes.
Consideramos que la sociedad michoacana tiene la oportunidad para transformar prácticas y costumbres arraigadas en la forma en que conocemos y analizamos nuestros conflictos, por un lado, siguiendo vías institucionales agiles y además, que en esos procedimientos las personas tiene el protagonismo para intervenir y alcanzar los acuerdos.
Estamos convencidos de la urgencia que representa que podamos aprender a dialogar en parámetros de igualdad y libertad, sobre todo en asuntos que impactan en la esfera individual económica. El nuevo sistema de justicia laboral brinda la oportunidad para que las soluciones provengan del mutuo acuerdo de las personas que intervienen en lugar de esperar que sea un tercero quien determine la solución.
La desventaja de que sea una tercera persona la que determine la solución a la controversia laboral -ya sea en calidad de arbitro o juzgadora- es la carga laboral que ha recaído en los órganos de impartición de justicia, donde las posibilidades humanas y técnicas para despachar en breve tiempo son mínimas.
Esperemos que las intenciones que motivaron el proyecto de justicia laboral puedan generar confianza y disposición en la población y que ello nos permita solucionar los conflictos en breve tiempo apoyados por las autoridades del Estado.
