Le saludo con gusto estimada comunidad lectora, espero tenga un excelente semana. Continuamos con el análisis de los alcances del principio de legitimidad de las autoridades en el sistema jurídico mexicano. En la semana pasada acentuamos que existe una dimensión de legitimidad de las autoridades de acuerdo con su origen, con fundamento al artículo 39 constitucional, porque toda autoridad pública emana del pueblo y en beneficio de éste.
Otra dimensión que quedó pendiente de desarrollar es la legitimidad acorde con el cumplimiento de las reglas constitucionales para el acceso al poder, las cuales se refieren a los requisitos para obtener la ciudadanía, los requisitos para el registro de la candidatura, el cumplimiento de las reglas de la pre y campaña electoral y la votación final, entre otros.
De acuerdo con nuestro pacto federal, el poder público queda distribuido y regulado por la división de poderes y el sistema de responsabilidades; no obstante, para el ejercicio válido del mismo deben cumplirse reglas constitucionales para determinar la legitimidad de la autoridad; por eso es que existe mucho interés para el correcto funcionamiento del sistema electoral mexicano, por que de éste depende la calificación de legitimidad de quienes encabezan los cargos públicos.
Estas condiciones son de mucha relevancia si recordamos que nuestro país atravesó una etapa en que el cambio de gobierno era producto de luchas armadas, lo cual entre otros perjuicios, generó situaciones de empobrecimiento del país, desconfianza en la clase política, imposibilidad del desarrollo de un proyecto de nación así como la imposibilidad del dialogo, negociación y consenso entre los grupos políticos.
Las legitimidad como procedimiento de elección de autoridades implica que las personas reconozcan como validas determinadas reglas mediante las cuales, un grupo político cuente con las garantías para implementar un proyecto de gobierno y administración pública durante un período determinado. Este reconocimiento de normas y su acatamiento permitió a nuestro país la construcción paulatina de instituciones político-electorales con un determinado nivel de confiabilidad.
Los procesos electorales establecidos en la Constitución Política para la renovación periódica de cargos de legislativos y de la titularidad de los poderes ejecutivos, están fundamentados en el artículo 40 de la propia constitución, en que se establece que nuestro país es un república democrática y representativa; es decir un sistema político y de gobierno donde se deben renovar periódicamente los encargos públicos mediante el voto de la ciudadanía, para garantizar que ninguna persona, familia o corporación se perpetue en el poder.
Luego de la legitimidad del procedimiento en la elección de autoridades, encontramos dos posibilidades en el ejercicio del gobierno: primero la aceptación, apoyo o acompañamiento en la implementación del proyecto de gobierno, ya sea en la formulación del proyecto mismo, el acatamiento de las reglas o en el cumplimiento conforme las nuevas reglas. No obstante, también puede ocurrir que ante determinados proyectos de gobierno, algunas decisiones no sean del todo agrado de la población y encontraremos resistencias.
La legitimidad como resultado, en cuanto la valoración positiva de las decisiones de gobierno no se garantiza con las otras dos que hemos explicado, más bien, tanto la de origen como de procedimiento, son apenas condiciones necesarias para arribar a la legitimidad del resultado. La valoración de las decisiones de gobierno por parte de la población se construye día a día a partir de cada una de las decisiones que se tomen. Algunas decisiones gozaran de reconocimiento y aceptación social; pero bastará una en que la comunidad no esté conforme para que la administración pública tenga una perdida significativa de legitimidad y como consecuencia una disminución importante de la confianza ciudadana.
Considero que es importante tener en cuenta estas reflexiones cuando se proyectan perfiles para encabezar puestos públicos, ya que nada está escrito o predeterminado su éxito, las razones en la toma de las decisiones determinan en mucho la confiabilidad y continuidad de los proyectos. Recuerde que la población cuenta en todo momento con el derecho de hacer cambios en la forma de su gobierno.
