Ciudad de México.- El presidente de la República nuevamente se refirió en forma insidiosa a quienes se oponen a la extinción de 109 fideicomisos, en particular a la comunidad de científicos, investigadores y defensores de derechos, así como a los integrantes de la Alianza Federalista de Gobernadores: “(...) están defendiendo la corrupción, así de claro, porque estos fideicomisos no tenían ningún control”.
Sorprenden dos cosas de esta afirmación: primero, todos estos fideicomisos son auditables desde 2015 y cuentan con reglas y controles rigurosos; segundo, ¿desde cuál calidad moral el gobierno de la República puede hablar en serio del combate a la corrupción cuando éste sólo se reduce al escarnio público y su manejo mediático con propósitos electorales?.
Los gobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, a través del Secretariado Técnico de la Alianza, sostienen: la legislación vigente sólo prevé la extinción de fideicomisos cuando éstos se constituyan en fraude a terceros, pero no existe sanción alguna, sea de tipo administrativo o penal, que castigue con la extinción de un fideicomiso conductas tipificadas que pudieran ser consideradas como corruptas, como tampoco existe el tipo penal de corrupción.
Sería desproporcionado que se sancione al objeto y beneficiarios de un fideicomiso por conductas imputables a personas. Por eso la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito sólo consigna la extinción del fideicomiso cuyo objeto sea en sí mismo fraudulento.
Y, en todo caso, la mayoría de los fidecomisos bajo asechanza son responsabilidad de la rectoría del gobierno federal desde diciembre del 2018 y, de existir conductas punibles, la acción legal no le es optativa, sino obligada.
La Alianza Federalista categóricamente niega defender la corrupción que pudiera presentarse en cualquier fideicomiso y que, de haberla, debe ser acreditada bajo el debido proceso de ley.
